Por Joel Cruz Cotero
“El PVEM violó la ley, por eso fue
sancionado, lo hizo de manera grave y por eso fue sancionado gravemente. Pero
el conjunto de ilícitos en los que incurrió a lo largo de estos meses, no puso
en riesgo, ni el sistema de democrático, ni al estado constitucional.”
Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE
En este mes ocurrieron dos sucesos que mostraron la ineficiencia, de
nuestras instituciones, y la falta de poder en la ley de nuestro país. En
primer lugar, el 12 de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la
solicitud para retirar el registro al Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), auspiciada por el hecho que a lo largo de las campañas electorales de
este año, el PVEM violó constantemente las leyes electorales. Por otro lado, el
21 de agosto, Virgilio Andrade, Secretario de la Función Pública, declaró que
no hay conflictos de interés en tres compra-ventas de inmuebles, por parte del
Presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y el secretario de
Hacienda Luis Videgaray; al final, la investigación sobre los conflictos de
interés no pareció convincente.
Con este tipo de acciones, no debería sorprender que los mexicanos no
tengan confianza en sus instituciones. Según una encuesta del periódico
Reforma, que publicó el 4 de agosto, 72% de los mexicanos tiene poco o nada
confianza en el Gobierno del Presidente Enrique Peña, 61% en el INE, 69% en el
Congreso, 70% en la Suprema Corte y 82% en los partidos políticos. Notar estos
niveles de desconfianza muestra que es necesario un cambio institucional de
manera urgente, y sinceramente, no creo que una disculpa del Presidente vaya a
cambiar la sensación de los mexicanos, y mucho menos la actitud hacia las
instituciones. El diagnóstico es claro, los ciudadanos mexicanos no están
conformes con sus instituciones; lo que no es tan claro, es qué se va a hacer
para cambiar la dinámica institucional.
No es coincidencia que el INE y Virgilio Andrade hayan decido a favor de la
impunidad y en contra de la correcta aplicación de las leyes. La verdad es que
ambos tenían los incentivos para hacer lo que hicieron. No es que el Secretario
y los consejeros tengan mentes perversas, pero, como cualquier actor económico,
actuaron de acuerdo a la rendición de cuentas que debían hacia sus jefes —el
INE al Congreso y los partidos políticos, el Secretario de la Función Pública
al Presidente Peña— y a las limitaciones que tienen en cuanto a la ejecución y
sanciones, por las leyes y códigos.
El hecho de que los consejeros del INE sean electos por dos terceras partes
de la Cámara de Diputados,[1] y esta Cámara tenga la
facultad para removerlos —tal como sucedió con el Consejero Presidente y otros
consejeros en 2007—, otorga poder al Congreso y a los partidos políticos sobre
las decisiones de los consejeros. De igual forma, cualquier miembro, de
cualquier gabinete del mundo, le rinde cuentas al jefe de gobierno, pues éste
lo designa y tiene la capacidad de removerl;, Andrade no es la excepción.
Así, si se ve que las instituciones no están funcionando adecuadamente y
que los incentivos están mal alineados, entonces ¿por qué no se cambian las
reglas? Nuestros legisladores deben darle verdadera autonomía al INE, y
legislar en torno a la resolución de conflictos de interés, estructurando una
institución ajena e independiente a los actores involucrados. Bien decía James
Madison, en el Federalista 51, que “la ambición debe ponerse en juego para
contrarrestar a la ambición”, y para que unos se puedan revisar a otros, debe
existir un adecuado sistema de pesos y contrapesos en donde la independencia
institucional es clave. Es cierto que Madison, y los Federalistas, se referían
a la separación del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin embargo, la
construcción institucional también es muy útil en la independencia de los
organismos autónomos existentes en México. Para que se logré esta independencia
es necesario que el INE tenga facultades para ejecutar y aplicar la ley
correctamente sin que existan represalias de los partidos políticos; en
consecuencia, los diputados no deberían elegir a los consejeros electorales
—una opción para elegir a los consejeros podría ser mediante el sorteo de
candidatos que cumplan ciertos requisitos— y, mucho menos, deberían de tener el
poder para removerlos. En tanto, los conflictos de interés, en donde miembros
del Ejecutivo estén involucrados, deberían ser investigados y juzgados por el
Congreso de la Unión, o más bien, por la Suprema Corte.
Por supuesto que la independencia institucional no es el único cambio que
necesitan nuestras instituciones, pero sí sería uno que ayudaría, bastante, a
mejorar la eficiencia y los resultados de las actuales instituciones —y así,
seguramente, los ciudadanos tendrían más confianza en éstas. Ya se está tocando
fondo y momento de diseñar reformas políticas mucho más serias.
Publicado el 26 de agosto de 2015 en masdimensiones.com
[1] Apartado A, base V, artículo 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
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